Masivas movilizaciones ponen en jaque al gobierno Rumano.

Marchas en contra de la corrupción en Rumania
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Masivas movilizaciones ponen en jaque al gobierno Rumano.

            Aproximadamente 150.000 rumanos se movilizaron a la plaza central de Bucarest, durante los primeros días de Febrero, para expresar su rechazo al decreto presentado por el gobierno socialdemócrata, que despenaliza varios delitos de corrupción.

                                    Por Martín Carvalho

Este decreto presentado por el Primer Ministro Sorin Grindeanu (Partido Socialdemocracia – PSD) a través del poder ejecutivo, deja sin juzgamiento penal a delitos de abuso de poder y corrupción si se provocan perjuicios no superiores a 200.000 leu (U$S47.000). Está destinado tanto a los nuevos casos, como también a las investigaciones y juicios en curso, generando la modificación de la caratula actual. Pasando de “negligencia penal” a “conflicto de intereses”.

La promulgación de este decreto se da en un marco donde el líder del partido gobernante, Liviu Dragnea (PSD), se encuentra procesado por actos de corrupción cuando era gobernador de Teleorman, y debe presentarse a declarar ante el tribunal por perdidas valuadas en U$S30.000. De este decreto, igualmente, se verían beneficiados cientos de gobernadores y alcaldes que cargan imputaciones.

Desde la caída del comunismo rumano en 1989, cuando Nicolas Ceausescu fue destituido y fusilado en la capital rumana, que no se viven movilizaciones de tal magnitud. Los manifestantes se congregan sin la pronunciación de un discurso central, pero bajo el grito unificado de “ladrones”. El presidente Klaus Iohanniis (Partido Independiente), ha condenado el decreto generando que el gobierno caracterice a las movilizaciones como “un golpe de estado”.

La Comunidad Europea ha instado al gobierno de  Grindeanu, asumido en Diciembre de 2016, a buscar una salida “que represente los intereses del pueblo rumano”.  En tanto el Consejo de Magistrados, ha presentado un escrito ante los tribunales solicitando la independencia de la justicia para el correcto juzgamiento de este decreto.